Mujeres raizales sostienen el cuidado y la vida comunitaria en Bogotá en medio de barreras y exclusión

Uno de los más reciente informes del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de la Secretaría Distrital de la Mujer, El cuidado como resistencia: Mujeres raizales, Guardianas de Cultura y Defensoras de Derechos en la Diáspora, se encargó de hacer un análisis integral sobre la situación de las mujeres cuidadoras raizales que residen en Bogotá.

Entendiendo que el pueblo raizal ha sostenido su identidad colectiva mediante prácticas de cuidado comunitario lideradas por mujeres, que son quienes transforman el cuidado en una herramienta de cohesión social y acción política, este informe evidenció una sobrecarga de dichos trabajos y una serie de barreras en la garantía de sus derechos, especificamente alrededor de cuatro: el derecho a una vida libre de violencias, hábitat y vivienda digna, participación y representación con equidad, y educación con equidad.

• Derecho a una vida libre de violencias: las mujeres raizales narran violencias que no se limitan a agresiones directas, sino que incluyen violencias simbólicas, institucionales y estructurales que operan de manera persistente en el espacio urbano, en los hogares y en su relación con las instituciones.
  
  ¿Qué llama la atención? Las experiencias compartidas por las mujeres evidencian que las violencias que enfrentan no son hechos aislados, sino expresiones cotidianas de desigualdades estructurales que afectan su cuerpo, su salud emocional y su vida social. Además de la sobrecarga doméstica y la ausencia de corresponsabilidad generan malestar emocional, estrés y agotamiento.
• Derecho al hábitat y a una vivienda digna: Para la comunidad raizal residente en Bogotá, la vivienda implica un anclaje colectivo, un espacio desde el cual sostener el cuidado comunitario, la memoria y el sentido de pertenencia a San Andrés y Providencia, y ese es un espacio que no han logrado consolidar plenamente. De hecho, los intentos fallidos por sostener una casa comunitaria, marcados por dificultades económicas, gestiones fallidas y despojos, muestran la fragilidad del hábitat comunitario, pues no existen garantías institucionales para su sostenibilidad.
• Derecho a la participación y representación con equidad: Los relatos y testimonios de las mujeres que participaron en el levantamiento de información de este informe evidencian que este derecho se ejerce, pero también se disputa en un escenario atravesado por obstáculos estructurales de género, etnicidad y migración. Fue mencionado un incidente en el cual un intendente “cerró la casa donde nos estábamos organizando, porque para él esa reunión no era importante”. Este episodio muestra cómo, históricamente, el ejercicio de la participación de la comunidad ha enfrentado decisiones institucionales que restringen su autonomía organizativa.
• Derecho a una educación con equidad: Las mujeres raizales en Bogotá expresan su frustración ante la falta de oportunidades formativas, señalando que la desigualdad educativa es una forma de injusticia que afecta sus posibilidades de crecimiento. De esa manera, la educación se percibe no solo como un camino para ampliar oportunidades, sino como una herramienta central para su autonomía y para enfrentar las desigualdades que afectan sus trayectorias vitales

En el marco de este informe, el OMEG concluyó que todas estas barreras operan simultáneamente en lo individual, lo comunitario y lo institucional, lo que demanda respuestas integrales que reconozcan su interseccionalidad, fortalezcan sus procesos organizativos y garanticen condiciones materiales, simbólicas y políticas para el ejercicio efectivo de sus derechos en la ciudad.