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Glosario

  • como las medidas tomadas por el Estado de manera temporal para igualar condiciones reales a grupos históricamente discriminados. Este tipo de acciones se divide en dos corrientes: la acción afirmativa y la discriminación inversa o positiva. En relación con la primera, esta tiene como propósito “… promover a grupos específicos con el fin de reducir las desigualdades de tipo social, cultural, económico o en su representación política”; la segunda busca “… obrar a favor de grupos tradicionalmente discriminados con base en el sexo, raza o etnia, y que además se produce en una situación de especial escasez de bienes deseados

  • Es la acción contencioso administrativa procedente cuando se pretenda dirimir un litigio derivado del contrato estatal. Se advierte así que la causa del perjuicio se radica en actos contractuales dictados por la entidad pública demandada, con ocasión de su actividad contractual.

  • Acción constitucional que se originan en los daños ocasionados a un número plural de personas que deciden acudir ante la justicia en acción única, para obtener la respectiva reparación y que a pesar de referirse a intereses comunes, se pueden individualizar en relación con el daño cuya indemnización se persigue. En este caso, se trata de proteger intereses particulares de sectores específicos de la población.

  • Acción contencioso administrativa que tiene por finalidad la anulación del acto administrativo demandado para tutelar el orden jurídico, a fin de aquel quede sin efecto por contrariar las normas superiores del derecho. Esta acción se encuentra consagrada en interés general para que prevalezca la defensa de la legalidad abstracta sobre los actos de la administración de inferior categoría, y por ello puede ser ejercida en todo el tiempo por cualquier persona.

  • Es la acción contencioso administrativa en virtud de la cual la persona ha sido lesionada por un acto de la administración, puede solicitar en defensa de su interés particular y concreto, además de la nulidad del mismo por ser contrario a las normas superiores, que se le restablezca en su derecho conculcado, desconocido o menoscabado por aquel. Por consiguiente, la referida acción sólo puede ser ejercida por la persona cuyo derecho ha sido violado o vulnerado en virtud del acto administrativo.