¿Cuáles son las medidas de protección?


La autoridad competente podrá imponer las medidas de protección que considere necesarias para garantizar los derechos de las mujeres víctimas de violencias y asegurar su restablecimiento inmediato. En casos de violencia en el ámbito familiar, en los procesos de divorcio o separación de bienes por la causal de maltrato y frente a cualquier modalidad de violencia contra la mujer que ocurra en ámbitos distintos al familiar, algunas de las medidas que se pueden solicitar a la autoridad competente son:

  • Ordenar al agresor el desalojo del lugar de residencia que comparte con la víctima, cuando su presencia constituye una amenaza para la vida, la integridad física o la salud de cualquiera de los miembros de la familia.

  • Prohibir al agresor el ingreso a cualquier lugar donde se encuentre la víctima para prevenir que la intimide o amenace.

  • Prohibir al agresor esconder o trasladar de la residencia a los niños, niñas y personas discapacitadas en situación de indefensión miembros del grupo familiar

  • Obligar al agresor a acudir y pagar un tratamiento reeducativo y terapéutico.

  • Ordenar al agresor el pago de los gastos de orientación y asesoría jurídica, médica, psicológica y psíquica que requiera la víctima.

  • Ordenar una protección temporal especial de la víctima por parte de las autoridades de Policía, tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo.

  • Ordenar a la autoridad de policía, previa solicitud de la víctima, el acompañamiento para su reingreso al lugar de domicilio cuando se haya visto en la obligación de salir para proteger su seguridad.

  • Decidir provisionalmente el régimen de visitas y custodia de los hijos e hijas mientras la autoridad civil ratifica o modifica esta medida.

  • Suspender al agresor la tenencia, porte y uso de armas.

  • Imponer una cuota alimentaria provisional a favor de los hijos e hijas.

  • Decidir provisionalmente el uso y disfrute de la vivienda familiar, mientras la autoridad civil ratifica o modifica esta medida.

  • Impedir la comercialización de los bienes de la sociedad conyugal o patrimonial.

  • Ordenar al agresor la devolución inmediata de los objetos de uso personal, documentos de identidad y cualquier otro documento u objeto de propiedad o custodia de la víctima.

  • Ser remitida junto con sus hijos e hijas a un centro de acogida donde encuentren la guarda de su vida e integridad o Casa Refugio.

  • Ordenar el traslado de la institución carcelaria o penitenciaria para las mujeres privadas de la libertad.

(Ley 1257 de 2008, Artículo 17 y 18)